Voces, en su número de mayo (pág 25), reclama que el gobierno tenga en consideración las necesidades y especiales características del colectivo, especialmente vulnerable, de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y se sugiere que se potencien planes de contingencia, así como el rediseño, a medio plazo, de los servicios que se están prestando. Se recuerda igualmente que los dispositivos existentes atienden a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con 40.000 profesionales y un voluntariado de apoyo de 8.000 personas